El gobierno de Myanmar ha rechazado categóricamente las acusaciones de genocidio en su contra presentadas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), describiendo el caso como “vicioso e infundado”, mientras el tribunal de la ONU da inicio a un proceso clave para evaluar si las acciones del Estado birmano hacia la minoría rohinyá violaron la Convención de Genocidio de 1948.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar emitió un comunicado oficial este miércoles, calificando de carente de mérito y fuertemente sesgado el caso impulsado por Gambia. La demanda, presentada en 2019 en La Haya, acusa al país asiático de cometer genocidio contra la minoría rohinyá —principalmente musulmana— durante las operaciones militares de 2016 y 2017 en el estado de Rakhine.
Las audiencias de fondo comenzaron este lunes ante la CIJ, el máximo tribunal de las Naciones Unidas, marcando un hito en el derecho internacional. El proceso se extenderá varias semanas y combina argumentos orales públicos con testimonios confidenciales, en lo que muchos observadores consideran un momento decisivo para la justicia internacional.
Gambia, actuando en nombre de la Organización de Cooperación Islámica y con el respaldo de otros países, sostiene que Myanmar violó sistemáticamente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio al permitir asesinatos, desplazamientos forzosos, violencia sexual y destrucción de aldeas rohinyás, lo que llevó a más de 700,000 personas a refugiarse en Bangladesh.
Por su parte, el gobierno birmano insiste en que los hechos se enmarcan en una respuesta militar legítima a amenazas de insurgencia y que las acusaciones son el resultado de percepciones erróneas e información sesgada. Declaraciones oficiales birmanas califican el proceso judicial de “vicioso e infundado” y afirman que no existe base jurídica sólida para sostener que Myanmar buscó destruir a un grupo étnico.
Este episodio judicial se produce en medio de una crisis humanitaria prolongada, con refugiados rohinyás viviendo en condiciones precarias en campamentos de Bangladesh y continuas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de ONG y organismos internacionales. La decisión de la CIJ podría sentar precedentes para futuros casos de crímenes internacionales y reforzar obligaciones estatales bajo la Convención de Genocidio.