Un proyecto de reforma al Código Electoral que flexibiliza los requisitos para activar una revocatoria de mandato en Panamá ha encendido las alarmas entre juristas y analistas. La propuesta plantea que la recolección de firmas solo sea presencial y permite la retirada del respaldo en cualquier momento, lo que, según críticos, debilita la estabilidad institucional.
El magistrado Luis Guerra alertó sobre la escasa regulación de causales específicas y advirtió que, en ausencia de criterios claros, la revocatoria podría usarse como instrumento partidista para presionar o desestabilizar a funcionarios electos sin mayor argumento legal.
Sectores constitucionalistas también han señalado que estas modificaciones podrían contradecir principios consagrados en la Carta Magna, generando conflictos en tribunales si se llevan adelante. Los reclamos apuntan a que el empoderamiento de la ciudadanía debe acompañarse de protocolos y límites precisos, no solo de facilidades procesales .
En contraste, defensores del mecanismo destacan su potencial para fortalecer la rendición de cuentas. Sin embargo, advierten que, sin salvaguardas adecuadas, podría transformarse en una herramienta para venganzas políticas o chantaje institucional. El debate continúa y la normativa aún será sometida a análisis en comisiones legislativas en las próximas semanas.