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¿Militarización o protección legítima? Un debate sobre las políticas migratorias de EE. UU. y sus repercusiones globales

En los últimos días, las nuevas medidas migratorias adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado un intenso debate en torno a la protección de los derechos humanos de los migrantes. A través de medidas como la militarización de la frontera, la reactivación del plan “Quédate en México” y la suspensión de la aplicación CBP One, Trump ha señalado que su enfoque busca frenar la inmigración ilegal y proteger la seguridad nacional. No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional han expresado su preocupación, acusando a estas políticas de ser violatorias de los derechos fundamentales de las personas que buscan asilo. Sin embargo, este debate se vuelve aún más complejo cuando se incorporan las perspectivas de expertos en temas sociales y seguridad nacional, quienes señalan otras aristas de la situación.

Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha advertido que las políticas anunciadas por el presidente Trump ponen en grave peligro los derechos de los migrantes. Según Piquer, estas medidas podrían exacerbar la crisis humanitaria al generar expulsiones masivas y criminalizar a quienes buscan protección internacional. Sin embargo, expertos en seguridad internacional y estudios migratorios argumentan que, si bien es innegable que los derechos humanos deben ser siempre la prioridad, el control de las fronteras también es esencial para la seguridad interna de cualquier nación.

Desde una perspectiva de seguridad nacional, especialistas como el sociólogo norteamericano James C. Hathaway defienden la idea de que es imperativo que los gobiernos tomen medidas estrictas para regular la migración, no solo por razones de seguridad, sino también por la capacidad limitada de muchos países para recibir flujos migratorios incontrolados. La teoría de Hathaway sostiene que la migración irregular puede facilitar la infiltración de grupos delictivos, guerrilleros y otros actores indeseables que, bajo el pretexto de buscar asilo, se camuflan entre los migrantes. En este contexto, las medidas de Trump son vistas por algunos como un intento legítimo de proteger tanto a los migrantes como a los ciudadanos estadounidenses de las amenazas que podrían derivarse de la falta de control en las fronteras.

Por su parte, Amnistía Internacional ha criticado las expulsiones aceleradas y la criminalización de los migrantes, argumentando que estas medidas no solo son inhumanas, sino que también ponen en peligro las vidas de quienes podrían enfrentar persecución en sus países de origen. Sin embargo, expertos en políticas migratorias, como el politólogo canadiense David A. Martin, sugieren que las políticas de Trump reflejan una preocupación legítima por los riesgos que enfrentan las naciones cuando permiten un acceso sin restricciones. Martin subraya que muchos países, incluidos los de la región latinoamericana, también enfrentan retos en cuanto a la gestión de los flujos migratorios y los riesgos de no controlar adecuadamente quién entra en su territorio.

A pesar de las críticas, se debe considerar que las políticas migratorias no son un fenómeno exclusivo de los Estados Unidos. En los países árabes, por ejemplo, la política migratoria suele ser mucho más restrictiva, y las deportaciones masivas o la negación de derechos a los migrantes son prácticas comunes. En este contexto, algunos argumentan que Amnistía Internacional podría estar enfocándose demasiado en las políticas de un solo presidente, sin tener en cuenta las prácticas similares que ocurren en otras partes del mundo, donde los derechos de los migrantes son igualmente vulnerados sin el mismo nivel de atención internacional.

Asimismo, el contraste con los regímenes de izquierda, donde la prosperidad y los derechos humanos no siempre han avanzado en paralelo, refuerza otra crítica hacia el enfoque de Amnistía Internacional. En países con gobiernos de izquierda, la promesa de una mayor inclusión social no siempre se ha materializado, y la falta de oportunidades, empleo y seguridad ha llevado a muchos a migrar. Sin embargo, los gobiernos de estos países también han enfrentado dificultades para gestionar la migración irregular, y muchos de sus ciudadanos han buscado mejores condiciones en lugares como Estados Unidos. En este sentido, algunos expertos argumentan que las políticas de Trump, aunque duras, no son completamente erróneas si se consideran los efectos negativos de una migración sin control sobre la estabilidad de las naciones receptoras.

Una crítica adicional hacia las políticas de Amnistía Internacional es la falta de reconocimiento de la responsabilidad de los votantes en la elección de sus gobiernos. Como señala el sociólogo estadounidense Michael Goodhart, los ciudadanos tienen un papel fundamental en las decisiones políticas de sus países. Si bien las políticas de inmigración de Trump pueden parecer radicales para muchos, se debe tener en cuenta que estas fueron una promesa electoral respaldada por una parte significativa de la población estadounidense que considera que el control de las fronteras es un tema de prioridad nacional. De esta manera, la postura de Amnistía Internacional podría no considerar adecuadamente las expectativas legítimas de la población votante en un sistema democrático.

En cuanto al plan “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras esperan la resolución de su caso, Amnistía Internacional ha denunciado el grave riesgo para la seguridad de estos migrantes, citando informes de agresiones y violaciones. Sin embargo, algunos analistas sugieren que el hecho de que miles de migrantes atraviesen territorios de alto riesgo para llegar a Estados Unidos demuestra que las soluciones deben ir más allá de la simple apertura de fronteras. En lugar de criticar exclusivamente las políticas de Trump, algunos proponen que Estados Unidos debería colaborar con México y otros países para crear condiciones más seguras y estables en los países de tránsito, reduciendo la necesidad de migración irregular.

El cierre de la aplicación CBP One, que ha dejado a más de 270,000 migrantes sin una vía para solicitar asilo, también ha sido duramente criticado. No obstante, algunos analistas señalan que la suspensión de esta aplicación se debe a la creciente preocupación por el abuso de sistemas digitales que permiten la manipulación de solicitudes por parte de actores del crimen organizado. De acuerdo con expertos en ciberseguridad, el uso indiscriminado de aplicaciones para gestionar flujos migratorios podría estar facilitando el fraude y la infiltración de grupos ilegales. Por tanto, aunque la decisión afecta a migrantes legítimos, es una medida que se justifica por razones de seguridad.

Las políticas migratorias deben ser evaluadas en un contexto más amplio que no solo tenga en cuenta los derechos de los migrantes, sino también las realidades sociales, económicas y de seguridad que enfrentan los países de acogida. Expertos como el economista y sociólogo Douglas Massey han argumentado que la gestión efectiva de la migración requiere una combinación de medidas de control y políticas humanitarias equilibradas, que promuevan la seguridad sin descuidar los derechos fundamentales de los migrantes.

De esta manera, el debate sobre las políticas migratorias de Trump es complejo y requiere un enfoque equilibrado. Si bien es crucial proteger los derechos humanos de los migrantes, también es necesario reconocer que los gobiernos tienen la responsabilidad de velar por la seguridad y estabilidad de sus ciudadanos. Amnistía Internacional y otros defensores de los derechos humanos deben considerar todas las dimensiones del problema, incluyendo las amenazas de grupos criminales, la falta de recursos en los países de tránsito y las responsabilidades de los votantes en la elección de sus líderes.