Según los datos provistos por la Universidad de Oxford, la variante ómicron del coronavirus ha demostrado ser más contagiosa que las anteriores mutaciones, pero con una considerable menor patogenicidad y virulencia, por lo que los países están avanzando hacia el tratamiento como endemia de la enfermedad, con bajas o nulas muertes relacionadas.

Países como el Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Tailandia o Irlanda han empezado a eliminar las restricciones sanitarias y tratarán el virus chino como una gripe más. Este no es el caso de Chile.

A pesar de ser país líder en vacunación contra el COVID-19, y con menos de 50 muertes al día por el virus, el gobierno de Sebastián Piñera continúa con las restricción de libertades a pesar de que se puso fin a la emergencia sanitaria. Parece no querer revertir hasta el último día de su mandato las violaciones de derechos humanos.

Recientemente, el gobierno lanzó el “Plan de Manejo Frente a Nueva Variante Ómicron“. En él se puede leer que se mantendrán las fronteras cerradas y solo se permitirá el ingreso de turistas vacunados quienes además deben hacer cuarentena hasta esperar resultados de su PCR, que está demorando entre 48 y 72 horas.

La industria turística en Chile no pueda remontar en forma significativa sus finanzas, mientras ve que en el resto del mundo, se recupera.

Además, el régimen fortalecerá la vigilancia dentro del país, fiscalizando el uso del pasaporte sanitario y persiguiendo a quienes optaron libre y voluntariamente por no vacunarse, haciendo, de facto, obligatoria la vacuna.

Las manifestaciones contra el pase de movilidad en Chile se han multiplicado a lo largo del territorio, siendo el 29 de enero de 2022 la más reciente en la ciudad de Viña del Mar, donde se pidió el fin a las restricciones de lo que denominan “dictadura sanitaria”.